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El inductor es la persona que provoca que otra adopte una resolución de voluntad para llevar a cabo una acción típica antijurídica que no tenía previsto realizar, si no es por la intervención del inductor, que a través de mecanismos psíquicos que inciden sobre el proceso de convicción personal del inducido[1].

La inducción criminal equivale a consejo, mandato, inspiración o persuasión que se ejerce sobre una segunda persona.

Por eso en la inducción existe la concurrencia de dos voluntades cuya coincidencia o acuerdo determina la infracción delictiva.

Al respecto ha de señalarse,

  1. a) que la inducción no requiere para su existencia la anulación de la «segunda voluntad» aunque la influencia psíquica del inductor incida de modo eficaz y directo sobre ella,
  2. b) que esa influencia se puede concebir con independencia de la libertad individual que al inducido corresponde, razón por la cual la responsabilidad del inductor no lleva consigo la irresponsabilidad del inducido, de la misma manera que la concurrencia de alguna circunstancia exoneradora de responsabilidad en éste no afecta a la responsabilidad de aquél,
  3. c) que el inductor acaba siendo responsable no sólo de los hechos que había previsto y deseado, sino de las consecuencias que causalmente se produzcan, es decir, de sus resultados, lo que no implica que las circunstancias no delictivas de carácter personal, que en el inducido se den, tengan que afectar a la responsabilidad del inductor,
  4. d) que la inducción opera, sobre alguien que no estaba decidido a cometer la infracción, de forma intensa, adecuada, directa y suficiente en relación a la comisión de un delito concreto, y
  5. e) que esa eficacia no implica una imposición de la voluntad de una persona sobre otra, sino de una simple persuasión sobre la libertad de decisión del inducido que, sin estar eliminada o disminuida, acepta la excitación, la sugerencia o el acicate, con lo cual surge así una especie de coordinación de voluntades ligadas por una evidente relación causal.

 

[1] STS, Sala 2ª, S 2-12-2008, nº 813/2008.