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Actuación policial ante una “okupación”

Antonio se introduce en una vivienda vacía propiedad del Banco X, situada en la Calle del Desengaño, número 21, piso 2º-A.

Antonio se instala en la misma con sus enseres personales durante una semana.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad reciben un aviso, de que vecinos convivientes han visto a un individuo sospechoso que podría haber ocupado la vivienda.

¿Cómo actúa la policía?

Trasladaremos a un indicativo radio-patrulla al domicilio al objeto de comprobar la realidad del presunto delito, tomando los datos de filiación del vecino requirente.

A continuación, los indicativos de seguridad ciudadana llamarán a la puerta del posible okupa a fin de identificar al individuo que se encuentre dentro (art. 16 LO 4/2015).

Si no nos abre nadie la puerta, NO podemos derribar la puerta, porque Antonio habría cometido un delito leve de usurpación previsto y penado en el artículo 245.2 del CP, no existe urgencia para actuar al ser un delito leve y no vivir el dueño, y si nosotros irrumpimos en su domicilio, arrojando la puerta, estaríamos incurriendo en la comisión de un delito GRAVE contra la inviolabilidad domiciliaria tipificado en el artículo 534 del CP, castigado con PENA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL de 2 a 6 años como funcionario público.

En consecuencia, podríamos llegar a perder nuestra condición de policías por tratar de sancionar un delito que está castigado con una pena de multa.

¿Qué has querido proteger y qué daño has causado como Policía/Guardia Civil? Has cometido un delito grave, para tratar de identificar a un individuo y, en consecuencia, actuar para sancionar un delito LEVE.

¿Dónde está la proporcionalidad policial? Nuestra actuación se encuentra totalmente desproporcionada, ausente de toda justificación legítima para entrar, puesto que no hay flagrancia delictiva, el delito de usurpación ya ha sido cometido, además, existe por parte de Antonio vocación de permanencia en el domicilio.

Por tanto, no disponemos de instrumentos legales para poder actuar más allá de los intentos realizados. Así las cosas, debemos informar al propietario del inmueble, en este caso, al Banco X, de los pasos legales que debe seguir, concretamente:

-Interposición de denuncia en sede policial o demanda civil ante el juzgado para promover las acciones legales.

Es complicado reunir los indicados medios de prueba para que un juez conceda el desalojo de una vivienda ocupada, máxime cuando está tipificado como un delito leve.

-Emisión de lanzamiento judicial para proceder al desalojo del domicilio, extremo que tarda hasta 2 años.

Mientras tanto, el okupa continuará residiendo, intrusivamente, en una vivienda que no le pertenece y al que no puedes echar, ni cortar la luz, porque incurrirías en un delito de coacciones.

CASUÍSTICA DE MADRID: Hay algún decreto de la Fiscalía Provincial de Madrid, que expresa que cuando la ocupación es inferior a 48 horas, aún no se ha constituido como morada y, en consecuencia, se puede proceder a desalojar al okupa del domicilio.

No podemos olvidar que según la jerarquía normativa, la ley está por encima de instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad por ejemplo, o de Circulares….

Lo que sí está claro es que lo aquí expuesto son las herramientas legales con las que, actualmente contamos, y son los límites que, como agentes de la autoridad, no podemos rebasar.

Si en un futuro el Código Penal o LECrim contempla una cláusula específica podremos actuar con tranquilidad, pero ahora mismo, no.

CONCLUSIÓN: Los ciudadanos perciben una sensación de inseguridad e impunidad total para estos delincuentes y desprotección porque las FCS no puede hacer nada.

Los agentes que actúan en la calle reciben las quejas de los afectados y frustración por no poder actuar.

La solución pasaría por reformar el Código Penal y que el delito de usurpación sea considerado un delito menos grave y que permita el desalojo inmediato de un okupa, sea cual fuere el tiempo que llevase instalado en una vivienda.

De esa manera, de propia autoridad, se podría actuar inmediatamente, los afectados recuperarían sus domicilios en seguida, y se podría poner a disposición judicial a los autores de la ocupación.

¿Qué ocurre si Antonio hubiese ocupado la casa de Isabel que se encuentra en Madrid y es su segunda vivienda?

A efectos penales, según el artículo 242 del CP, las segundas viviendas, aunque sean residencias ocasionales y puntuales son consideradas moradas, y, por tanto, si Antonio ocupase la vivienda de Isabel, pasaría a cometer un delito de allanamiento de morada regulado en el artículo 202 del CP.

En este caso, sí que cabría proceder a la entrada inmediata para desalojar a la persona, puesto que el delito de allanamiento de morada se continúa cometiendo mientras los allanadores estén ahí, lo que se conoce como “flagrancia delictiva”.

Lo que significa que podremos entrar para identificar, detener y poner fin al delito, todo ello, sin necesidad de orden judicial, ya que el artículo 18 de la CE, 15 de la LOPSC y 553 de la LECrim así lo amparan.

Ángel Harana Letrán.

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